La no-violencia se convierte en un requisito
irrenunciable, pues el desobediente ha de mostrar su
lealtad y fidelidad al orden democrático. Esta no violencia
representa para muchos autores actuales, la
prueba de que se actúa en beneficio del sistema y no
de unos intereses particulares, una fianza en virtud
de la cual se garantiza el carácter desinteresado del
acto. La lealtad al sistema implica además el
reconocimiento de que el Estado disfruta del
monopolio de la coacción. La discusión sobre la
desobediencia en la actualidad, adolece a mi modo
de ver, de una visión simplista; se concibe un Estado
neutral y desinteresado en el que el bien de la
mayoría está confrontado con el bien individual,
cosa que a su vez legitima su existencia como
mediador-pacificador y garante del orden social. Lo
que jamás se plantea es que el Estado es
precisamente el origen de tal confrontación, pues en
una vida en sociedad, lo más lógico y natural sería la
coincidencia del bienestar particular con el de la
comunidad. Sin embargo, la competitividad, la
desconfianza, la falta de solidaridad y el
individualismo, responden a unas necesidades
básicas para el funcionamiento del sistema actual,
tanto por motivos económicos como políticos.
La aceptación del castigo.
Al igual que la no-violencia, la aceptación del castigo
es un requisito exigible como fianza o medio de
hacer patente un fin universalizable. La aceptación
voluntaria del castigo, a modo de herencia
judeocristiana, es considerada como una forma de
potenciar la fuerza expresiva y propagandística del
acto desobediente. De este modo, el cumplimiento
del castigo cobraría un carácter más bien simbólico,
un efecto dramático con el que evidenciar la
injusticia que se critica, como si aquello criticado,
fuera más grave por el mero hecho de padecer
voluntariamente unas consecuencias más que
buscadas.
Cambiar para que todo siga igual.
Poco se puede esperar de una forma de lucha que
pretende lograr la atención pública y de les dirigentes
jugando a las ilegalidades, todo para conseguir la
reforma de una ley que consideramos injusta, sin
vistas a remediar un problema que está en el fondo
de la cuestión, y que subyace a todas las injusticias
que podamos denunciar. Rechazamos la
desobediencia civil por ser a la larga una forma de
legitimar el orden establecido, porque aun pudiendo
compartir algunos de sus métodos como la acción
directa, no aceptaremos jamás su fin, que es
necesaria y completamente reformista.
Inés
fragmento publicado en revisa El Fuelle
